En la prensa febrero 2010

De la justicia penal a la política penal

por eduardo santos itoiz, Abogado - Jueves, 4 de Febrero de 2010 -

ALGUNOS trágicos delitos nos han conmovido intensamente. Junto al dolor de los padres de las víctimas asesinadas aparecen muestras de condolencia y rabia de la ciudadanía. Detrás de ellos, se observan errores de la Administración. En uno, principalmente, provocado por la lentitud que genera el exceso de carga burocrática de los órganos judiciales y, detrás de otro, una medida que tenía que haber sido supervisada por la administración de una comunidad autónoma o de la penitenciaría; ni una ni otra lo hicieron. Así, los medios de comunicación expanden el sufrimiento de las víctimas y describen los errores difícilmente entendibles por los ciudadanos. Aparece la pregunta, ¿por qué?, y de ahí las responsabilidades, ¿de quién?; y posibles soluciones, ¿qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir? En este escenario, la salida planteada por ciertos sectores de la sociedad y del panorama político se basan en el incremento del Derecho penal, que se traduce en la realidad en el incremento de más sufrimiento, en ocasiones inasumible por un ser humano.

El primero: la edad penal debe rebajarse a los doce años y, por tanto, incorporar ya desde esa edad a los niños al sistema penal con las consecuencias estigmatizadoras que ello tiene y que dificultan enormemente las posibilidades de que abandonen la espiral delito-delincuencia-instituciones penales, con lo que la prevención y, por tanto, la seguridad ciudadana, se ven atacadas. El segundo: la cadena perpetua, con un mensaje claro de que las penas de prisión serán para toda la vida; condenas al aislamiento social absoluto y, con ello, al sufrimiento perenne de los condenados y de sus familias; como si las penas existentes de 30 y 40 años de prisión, extensiones casi imposibles de cubrir en un periodo vital, no fueran suficientes para satisfacer los requisitos preventivos y sancionadores del Derecho penal. ¿Se puede intuir qué supone estar 30 años en una celda y un patio? ¿30 años?... ¿Es la solución para prevenir? ¿No es suficiente sanción?... La prevención y la seguridad están aseguradas con el modelo de Derecho penal existente porque son otras variables relativas al ámbito social, laboral y económico las que sostienen aquellos fines; además de la responsabilidad política que exige dotar de medios suficientes a las administraciones implicadas en la prevención y tratamiento del delito. Las soluciones que se plantean desde la nueva agenda política carecen de cobertura constitucional y adolecen de legitimidad, al residir sobre premisas erróneas. A saber:

1. Es cierto que existen delitos y en determinados lugares inseguridad, pero ello es socialmente inevitable. No obstante, las presiones sociales y mediáticas están conformando una opinión pública errónea en torno a la criminalidad y la seguridad ciudadana: España tiene la tasa de criminalidad menor que la media de los países europeos; la delincuencia en España está descendiendo desde hace 20 años. Sin embargo, tiene el porcentaje de presos más altos de Europa -165 por cada 100.000 habitantes-, habiéndose llegado a cuadruplicar su población penitenciaria en el periodo 1980-2009 (en menos de 30 años).

2. La pena a cadena perpetua ya existe en España en condiciones más duras que ningún país europeo; según datos de la SGIP, en las cárceles españolas viven 345 personas que cumplen condenas superiores al límite de 30 años -la mayor de 110 años-, y por aplicación del art. 76 del Código Penal no reúnen los requisitos para que el cumplimiento se limite a 30 ó 40 años.

La pena a cadena perpetua ya existe en España, en condiciones más duras que en ningún país europeo

3. La cárcel se ve como una institución cómoda e inocua, y quienes viven allí saben que sus consecuencias son terribles para la mente y el cuerpo, las emociones y la relaciones. El sufrimiento es inmenso, y cuando por el tiempo y/o la forma de cumplimiento desborda la capacidad humana de soportarlo, se convierte en una pena ilegítima. Ningún ciudadano está exento de entrar en una cárcel, y cada vez menos personas pueden afirmar de esa certeza. Y si entran, o sus hijos o sus familiares, aprenderán a convivir con la muerte: en torno a 250 muertes en 2009.

4. El sistema penal no sólo no ofrece cauces para la expresión y satisfacción de las necesidades de la víctima sino que, además, frecuentemente supone una experiencia dolorosa para ellas. La víctima es un perdedor por partida doble; en primer lugar frente al infractor y, después, frente al Estado. Salvo mantener a la víctima en el espacio de la violencia que genera el sentimiento de venganza, poco más repara. La aplicación de penas perpetuas no elimina la sensación de pérdida, dolor, miedo y desconfianza que aparecen cuando se sufren delitos de cierta intensidad, pues para la superación de estas emociones la salida más eficaz es la terapéutica -algunas personas que han tomado este camino saben de ello-. La penal, con el exceso de inhumanidad que se solicita, únicamente permite que las víctimas puedan quedar instaladas perpetuamente en el dolor de la venganza.

5. Estos postulados se sostienen desde la idea de que una vez transcurrido un breve tiempo en prisión, las personas salen en libertad, dejando de cumplir una buena parte de las penas. Esto no es así. Todas las personas cumplen íntegramente las penas de prisión impuestas, aunque una pequeña parte -actualmente el 17%- puedan hacerlo en un régimen de semilibertad -tercer grado- que permite pasar varias horas en libertad bajo el control estricto de la administración penitenciaria, la fiscalía y los jueces de vigilancia penitenciaria con el objetivo de potenciar las posibilidades de reinserción social; pero no hay condena que, iniciada, no se ejecute desde el primero hasta el último día.

6. La intervención penal sobre los mayores de 14 años y menores de 18 es superior a la de los adultos, e incluso castiga con la cárcel y con sanciones muy duras. Las sucesivas reformas de la Ley penal de los menores permiten castigar con pena de cárcel cuando los hechos revistieran especiales circunstancias para los menores que, juzgados con anterioridad a los 18 años, los cumpliesen durante la ejecución de la medida. Además, se prevén medidas singulares como la agravación de las penas a imponer a menores cuando actúan en grupo o estableciendo periodos de seguridad antes de poder modificar las penas en interés del menor. Cambiar la Ley penal del menor o bajar la edad a los doce años constituye un enorme desatino sin fundamento técnico ni pedagógico; únicamente se destina demagógicamente a calmar la sensación de venganza de algunas víctimas, poco más; porque la prevención vendrá de la mano de garantizar que las medidas educativas en centros cerrados, bien en semiabierto o abiertos, se cumplen eficazmente, sin dejaciones de las empresas privadas encargadas de su gestión o de las administración que las supervisan.

El Derecho penal es necesario para la convivencia, pero para que no se convierta en un instrumento ilegítimo e ineficaz, requiere para su modificación no sólo que se abandonen las presiones mediáticas, sino que se piense en términos de eficacia preventiva compatible con el respeto a los derechos fundamentales de todos los seres humanos, víctimas y delincuentes. Se reclama la presencia en el debate no sólo de los profesionales que trabajan en el mundo de la justicia penal -jueces, abogados, fiscales, médicos forenses, funcionarios de prisiones, universitarios-, sino también de todos aquellos que hacen, desde diferentes ciencias técnicas -psicología, sociología, criminología- su especial aportación para la prevención y tratamiento del delito.

Sólo quiero hacer una llamada de atención al lector y alertarles sobre los riesgos de una instrumentalización oportunista de los políticos; utilizan tanto el sufrimiento de las víctimas, instalándolas permanentemente en el protagonismo de su dolor, como el sufrimiento intemporal de los delincuentes. Quienes construyen sobre el sufrimiento humano su carrera política o su acceso al poder, cuando ya no es necesaria más violencia de la que ya se aplica con el sistema penal, queda impedido para dedicarse a la política, cuya tarea debería ser construir redes de reparación, diálogo y reconciliación en vez de sembrar la sociedad con odio y venganza.


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